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El 2 de junio, después de asistir a la asunción al poder del salvadoreño Mauricio Funes, la secretaria de Estado Hillary Clinton cruzó la frontera y visitó Honduras. Menos de cuatro semanas después, los militares hondureños organizaron un golpe de estado que derrocó al presidente Manuel Zelaya. En otras épocas, los adictos a las teorías conspirativas hubieran inmeditamente asegurado que la mano de la CIA, el Departamento de Estado y la United Fruit estaban detrás de la asonada militar. Pero en esta nueva era, la administración estadounidense, en vez de ponerse del lado de la conspiración militar salió en defensa del orden constitucional.

La crisis institucional en esta nación de 8 millones, comenzó el jueves pasado cuando el presidente Zelaya destituyó al jefe del Estado Mayor Conjunto, el general Romeo Vázquez Velázquez, por negarse a cooperar con la logística asociada a una consulta electoral que se debía realizar el domingo. Este sería el primer paso de un proceso que llevaría, de ser aprobado, a una posible Asamblea Constituyente que tendría la misión de reformar la carta fundamental de la nación.

Pero parece que los militares hondureños, y sus aliados de las clases propietarias más acomodadas, le tienen pavor a la idea de auscultar la opinión de esa gran mayoría de trabajadores y campesinos que, con un ingreso per capita de $4,400, viven en uno de los países más pobres de las Américas. Por eso es que el domingo, bajo las órdenes del depuesto general Vázquez, un comando de soldados encapuchados entró a los tiros en la casa del presidente Zelaya, lo secuestraron, lo pusieron en un avión y lo dejaron, en pijamas, en un aeropuerto de Costa Rica.

Ante tremenda ofensa, es totalmente irrelevante si Zelaya, como algunos lo acusan, estaba desobedeciendo las órdenes de las cortes judiciales de suspender la consulta electoral. Si ese fuese el caso, hay que recordar que Honduras, hasta el momento del golpe, era una sociedad de leyes y que existían los mecanismos constitucionales a fin de hacerlo responsable por sus acciones. El item 15, del artículo 205, del capítulo 1, del título 5, de la Constitución hondureña, referido a “Los poderes del estado”, establece que es prerrogativa del poder legislativo “Declarar si hay lugar o no a formación de causa contra el Presidente...” O sea que, claramente, la misma Constitución incluye los instrumentos y procedimientos para lo equivalente a un juicio político contra el presidente. Pero en vez del juicio optaron por el secuestro.

También es irrelevante si Zelaya se estaba alineando con el izquierdista venezolano Hugo Chávez, como acusan histéricamente algunos sectores privilegiados de Honduras. La política exterior de la nación la establece el poder ejecutivo ya que la Constitución Nacional (item 12, artículo 245, capítulo 6, título 5) dice que el presidente tiene la responsabilidad de “Dirigir la política y las relaciones internacionales”.

Por eso no extraña que la comunidad internacional, pasando por la Asamblea General de las Naciones Unidas, la Organización de Estados Americanos y hasta la Unión Europea hayan unánimemente criticado al golpe y hayan exigido el retorno al orden constitucional. Esta legitimización de la administración Zelaya implica la criminalización del golpe militar y, por ende, la reafirmación del principio fundamental de que el pueblo, en base a una doctrina que se origina con filósofos de la Ilustración como Rousseau, Locke y Montesquieu, tiene el derecho a rebelarse ante una autoridad ilegítima. La misma Constitución Nacional establece esta idea en su artículo 3, capítulo 1, título 1, al afirmar que “Nadie debe obediencia a un gobierno usurpador ni a quienes asuman funciones o empleos públicos por la fuerza de las armas o usando medios o procedimientos que quebranten o desconozcan lo que esta Constitución y las leyes establecen. Los actos verificados por tales autoridades son nulos. El pueblo tiene derecho a recurrir a la insurrección en defensa del orden constitucional”.

Cuando el presidente Manuel Zelaya se baje del avión en ese retorno histórico, no solamente estará defendiendo su derecho a terminar su mandato constitucional sino que, aún más importante, estará reafirmando que América Latina está encaminada en este nuevo sendero democrático y que finalmente dejó atrás las aventureras militaristas de otras épocas.

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